Cómo impacta la "Ley Ómnibus" al ámbito cultural argentino

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por Javier Milei al Congreso argentino el jueves pasado tiene implicancias significativas en el ámbito cultural del país. Este conjunto de reformas propone cambios drásticos que afectarían directamente a diversos organismos encargados de proteger y promover la cultura en todo el territorio nacional.

En primer lugar, el paquete contempla el cierre del Instituto Nacional del Teatro (INT) y del Fondo Nacional de las Artes (FNA), así como el desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de la Música (Inamu) y la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip).

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Cultura Nación advirtió en Twitter sobre las posibles consecuencias, señalando que artistas emergentes becados, obras de teatro independientes y bibliotecas populares en los barrios podrían dejar de existir.

Uno de los puntos más controversiales es la propuesta de derogar la Ley Nacional del Teatro (24.800) de 1997, que establece la promoción y apoyo estatal a la actividad teatral por su contribución al afianzamiento de la cultura. Esta derogación eliminaría el INT, organismo encargado de organizar concursos, certámenes, muestras y festivales, otorgar subsidios y becas, y estimular la conservación y creación de espacios teatrales independientes.

Además, el proyecto busca derogar el Decreto Ley 1224 de 1958, creador del FNA, organismo autárquico que financia la formación y creación de artistas en todo el país. Asimismo, se plantea desfinanciar el INCAA, proponiendo cambios en su estructura y funcionamiento, como la reducción del Consejo Asesor y la eliminación de adelantos de subsidios, estableciendo que los créditos sean otorgados por un banco a tasas de mercado. Además, se menciona la posible desaparición de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) y la discontinuidad de eventos como Ventana Sur y el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

En el ámbito musical, la propuesta legislativa transformaría al INAMU en un "programa" de la Secretaría de Cultura, eliminando fondos específicamente destinados a la música y dando al Estado Nacional la potestad para tomar decisiones que anteriormente correspondían a la asamblea federal conformada por representantes gubernamentales de Cultura de las provincias.

En relación al mundo del libro, se propone derogar la Ley de Defensa de la Actividad Librera, estableciendo un precio uniforme de venta al público de libros. Esto podría poner en riesgo la existencia de pequeñas y medianas librerías, según la Cámara Argentina del Libro.

Las bibliotecas populares también se verían afectadas, ya que el paquete de leyes eliminaría beneficios establecidos en la normativa vigente, como tarifas reducidas en servicios prestados por empresas del Estado y subvenciones para el mantenimiento de instalaciones. Asimismo, se eliminaría el Fondo Especial para las bibliotecas populares, afectando la distribución de subsidios y actividades llevadas a cabo por Conabip.

Además de estos cambios, se propone derogar otras tres leyes relacionadas con el ámbito cultural, afectando el Museo, Biblioteca y Archivo del Trabajo y Movimiento Obrero Argentino, la obligación de construir una sala teatral similar en caso de demolición, y beneficios para actores, artistas y técnicos de compañías teatrales.

Desde cada uno de los sectores de la cultura se organizaron rápidamente Asambleas para definir acciones a seguir en pos de frenar la implementación de esta Ley y emitieron comunicados en rechazo a la implementación de la Ley Ómnibus.

Además, desde la comunidad teatral independiente de la provincia de Neuquén impulsaron un formulario para quienes deseen pronunciarse en contra del DNU y la Ley Ómnibus. En el siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6gdNisur--M2c7mezHow3Hr2UYudjL9-j_jUPtjbAnzfDKQ/viewform

También en la región se organizaron distintas intervenciones y reuniones artísticas para poder concertar un plan de acción de cara a los próximos días de funcionamiento de la Ley, aguardando su aprobación o no en el Congreso de la Nación.